SECCIÓN III

DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS

ARTÍCULO 437.- Desde que se declare la revocación de la autorización de una Institución de Fianzas, los fiados o beneficiarios de las fianzas que no se hayan hecho exigibles, podrán procurar la sustitución de sus garantías o gestionar su cesión a otra Institución.

ARTÍCULO 438.- Los bienes recibidos en garantía por la Institución de Fianzas en liquidación, deberán ser devueltos al depositante si se cancela la fianza o, en caso contrario, se conservarán para los fines a que se refiere el artículo 439 de la presente Ley. Si la Institución de Fianzas hubiere dispuesto indebidamente de dichos bienes, su importe se separará tomándolo de los activos de la Institución de Fianzas que no respalden la cobertura de su Base de Inversión.

ARTÍCULO 439.- En el caso de liquidación administrativa, los acreedores por fianzas tendrán acción directa sobre los bienes y contra las personas que constituyan o hubieren otorgado garantía de respaldo. Tendrán las mismas acciones e iguales derechos que los que hubieren correspondido a la Institución de Fianzas, si hubiere pagado la fianza.

Los acreedores que opten por ejercitar los derechos que les concede este artículo, sólo podrán concurrir a la liquidación en la vía administrativa con el carácter de acreedores comunes.

ARTÍCULO 440.- El liquidador administrativo deberá llevar a cabo el procedimiento de reconocimiento de créditos, de conformidad con lo siguiente:

I.En un término de sesenta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la última de las publicaciones de la resolución que declaró la revocación de la autorización para operar de la Institución de Fianzas previstas en el artículo 334 de esta Ley, sus acreedores por cualquier concepto formularán sus reclamaciones de reconocimiento de créditos ante el liquidador, acompañando las pruebas conducentes. En el mismo término, los beneficiarios de fianzas aún no exigibles presentarán al liquidador sus pólizas de fianzas para su registro.

Los beneficiarios o los acreedores que no presenten sus pólizas para registro o que no formulen sus reclamaciones dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, perderán los privilegios que las leyes les concedan y quedarán reducidos a la categoría de acreedores comunes;

II.En los sesenta días hábiles siguientes al término previsto en la fracción anterior, el liquidador:

a)Estudiará la procedencia de cada una de las reclamaciones recibidas;

b)Formulará un nuevo registro de fianzas en vigor, exclusivamente con las pólizas que se le presenten, y

c)Presentará a la Comisión un proyecto de graduación y lista de acreedores, indicando el importe nominal de sus créditos, así como la relación de fianzas en vigor que hubiere registrado;

III.La Comisión autorizará al liquidador la publicación del proyecto de graduación y la lista de acreedores en el Diario Oficial de la Federación y por lo menos en un periódico de amplia circulación nacional. Estas publicaciones surtirán efectos de notificación para todos los acreedores;

IV.Dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, los interesados formularán ante la Comisión sus objeciones sobre alguno o algunos de los créditos incluidos, así como sobre la inclusión del crédito o créditos excluidos, acompañando u ofreciendo las pruebas correspondientes.

La Comisión dará vista de las objeciones al liquidador, quien ofrecerá y aportará pruebas y formulará los alegatos que procedan en un término no mayor de treinta días. La Comisión dictará la resolución de graduación y reconocimiento de créditos dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles contados desde la fecha en que reciba las observaciones del liquidador;

V.La Comisión autorizará al liquidador la publicación de la resolución de graduación y reconocimiento de créditos en el Diario Oficial de la Federación y por lo menos en un periódico de amplia circulación nacional. Estas publicaciones surtirán efectos de notificación para todos los acreedores.

VI.El liquidador administrativo, con base en la resolución a que se refiere la fracción anterior, procederá a calcular las cuotas de liquidación, conforme a lo previsto en los artículos 441 y 442 de este ordenamiento;

VII.Los acreedores reconocidos podrán acudir ante el liquidador a recibir las cuotas de liquidación que les correspondan, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la última de las publicaciones previstas en la fracción V de este artículo;

VIII.Transcurrido el plazo establecido en la fracción precedente, el liquidador constituirá un fideicomiso con el remanente de los fondos, para cubrir los pagos pendientes durante un término de cinco años contados a partir de la constitución del fideicomiso. Transcurrido este
término, prescribirán las cantidades no pagadas a favor de la beneficencia pública. Este término no es susceptible de suspensión ni de interrupción.

El liquidador solicitará la publicación en el Diario Oficial y en un periódico de amplia circulación nacional de un aviso a los acreedores sobre el procedimiento para cobrar las cuotas de liquidación con cargo al fideicomiso, y

IX.Los beneficiarios de fianzas en vigor, oportunamente registradas ante el liquidador, que se hagan exigibles podrán reclamar sus créditos con cargo al fideicomiso.

ARTÍCULO 441.- La cuota de liquidación correspondiente a los beneficiarios de fianzas y acreedores por reafianzamientos, se fijará en proporción al monto de las prestaciones monetarias a cargo de la Institución de Fianzas por haberse hecho exigibles las obligaciones que asumió en las pólizas de fianza o en los contratos de reafianzamiento.

Estas cuotas se determinarán en moneda nacional a la fecha en que se hayan hecho exigibles las obligaciones de que se trate.

El liquidador administrativo será responsable de realizar todos los cálculos que sirvan de base para determinar la cuota de liquidación.

ARTÍCULO 442.- El liquidador administrativo, para realizar el pago de los créditos a cargo de la Institución de Fianzas, deberá considerar el orden siguiente:

I.Los acreedores por fianzas;

II.Los acreedores por contratos de reafianzamiento;

III.Los créditos que según las leyes que los rijan tengan un privilegio especial;

IV.Los créditos laborales diferentes a los referidos en la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias;

V.Los créditos fiscales;

VI.Los créditos derivados de otras obligaciones distintas a las señaladas en las fracciones I a V y VII a IX de este artículo;

VII.Los créditos derivados de obligaciones subordinadas no convertibles en acciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 160, fracción V, de esta Ley;

VIII.Los créditos derivados de componentes de financiamiento comprendidos en contratos de Reaseguro Financiero, conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de este ordenamiento, y

IX.Los créditos derivados de obligaciones subordinadas convertibles en acciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 160, fracción V, de la presente Ley.

Para realizar el pago a los acreedores cuyos créditos se ubiquen en una de las fracciones comprendidas en el presente artículo, deberán quedar pagados o reservados los créditos correspondientes a las fracciones que la precedan.

En el evento de que los activos de la Institución de Fianzas en liquidación no resulten suficientes para efectuar los pagos o constituir las reservas que correspondan a la totalidad de los créditos comprendidos en una de las fracciones de este artículo, el liquidador administrativo realizará, a prorrata, los pagos o la constitución de las reservas de los créditos correspondientes a dicha fracción.

Los créditos referidos en la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, así como los gastos administrativos y honorarios que se generen con motivo de la liquidación administrativa, tendrán preferencia sobre las obligaciones mencionadas en las fracciones anteriores.

El remanente que, en su caso, hubiere del haber social, se entregará a los accionistas.