CAPÍTULO NOVENO

DE LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS

ARTÍCULO 265.- Las Instituciones podrán invertir, directa o indirectamente, en el capital social de otras Instituciones; de entidades aseguradoras, reaseguradoras o reafianzadoras del extranjero; de sociedades de inversión o de sociedades operadoras de estas últimas; de administradoras de fondos para el retiro y
de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Además, cuando las Instituciones no formen parte de grupos financieros, podrán invertir en el capital social de cualquier otro intermediario o entidad financiera que las leyes aplicables autoricen.

Las Instituciones y las entidades a que se refiere el párrafo anterior, en cuyo capital inviertan, podrán utilizar denominaciones iguales o semejantes, actuar de manera conjunta y ofrecer servicios complementarios.

Las inversiones a que se refiere este artículo sólo podrán hacerse con los excedentes del capital mínimo pagado a que se refiere el artículo 49 de la presente Ley, previa autorización de la Comisión, y su importe no podrá formar parte de los Fondos Propios Admisibles que respalden el requerimiento de capital de solvencia previsto en el artículo 232 de este ordenamiento.

ARTÍCULO 266.- Las Instituciones podrán contar con activos destinados exclusivamente a la prestación de servicios cuyo fin sea el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus pólizas de seguros o de sus pólizas de fianzas, o bien adquirir acciones representativas del capital de sociedades que tengan como único objeto la prestación de dichos servicios en forma exclusiva. En este último caso, su participación en el capital pagado de tales sociedades no podrá ser inferior al 51%.

En el caso de que los servicios a que se refiere el párrafo anterior sean prestados directamente por las Instituciones, éstas deberán mantener una administración y un registro contable separados, a fin de que su funcionamiento no afecte de ninguna manera su operación.

Las inversiones a que se refiere este artículo sólo podrán hacerse con los excedentes del capital mínimo pagado a que se refiere el artículo 49 de la presente Ley, previa autorización de la Comisión, y su importe no computará para la cobertura de la Base de Inversión de las Instituciones, ni podrá formar parte de los Fondos Propios Admisibles que respalden el requerimiento de capital de solvencia previsto en el artículo 232 de este ordenamiento.

Las sociedades a que se refiere este artículo estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión.

ARTÍCULO 267.- Las Instituciones podrán invertir en títulos representativos del capital social de Consorcios de Seguros y de Fianzas, de otras empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas.

Las empresas y sociedades en cuyo capital social participen las Instituciones conforme al presente artículo, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión, las cuales tendrán como finalidad primordial permitir la supervisión del desempeño y situación de las Instituciones, así como la inspección y vigilancia de la misma.

Las inversiones a que se refiere este artículo sólo podrán hacerse con los excedentes del capital mínimo pagado a que se refiere el artículo 49 de la presente Ley, previa autorización de la Comisión, y su importe no computará para la cobertura de la Base de Inversión de las Instituciones, ni podrá formar parte de los Fondos Propios Admisibles que respalden el requerimiento de capital de solvencia previsto en el artículo 232 de este ordenamiento, salvo las inversiones que se hagan en las sociedades inmobiliarias a las que se refiere el primer párrafo de este artículo, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión en términos del segundo párrafo de este artículo, para que puedan ser afectas a la cobertura de la Base de Inversión de las Instituciones o formen parte de los Fondos Propios Admisibles.

Las sociedades a que se refiere este artículo estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión.

ARTÍCULO 268.- Las Instituciones podrán contratar con terceros, incluyendo, según sea el caso, a otras Instituciones de Seguros o a otras Instituciones de Fianzas, la prestación de servicios necesarios para su operación, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Comisión, con acuerdo de su Junta de Gobierno.

Las disposiciones de carácter general a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán contener, entre otros, los siguientes elementos:

I.Los lineamientos técnicos y operativos que deberán observarse para la realización de tales operaciones, así como para salvaguardar la confidencialidad de la información de los contratantes, asegurados y beneficiarios, o bien de los fiados y beneficiarios, y proveer que en la celebración de dichas operaciones se cumplan las disposiciones aplicables;

II.Las características de las personas físicas o morales que podrán ser contratadas por las Instituciones como terceros en términos del presente artículo. Tratándose de entidades de la Administración Pública Federal o Estatal, las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo sólo podrán incluir aquellas facultadas expresamente por su ley o reglamento para prestar los servicios de que se trate;

III.Los requisitos respecto de los procesos operativos y de control que las Instituciones deberán exigir a los terceros contratados;

IV.El tipo de operaciones que podrán realizarse a través de terceros, quedando facultada la Comisión para señalar el tipo de operaciones en las que se requerirá de su autorización previa;

V.Los contratos de prestación de servicios que celebren en términos de este artículo que la Comisión determine que deberán serle entregados por las Instituciones, así como la forma, condiciones y plazos de dicha entrega;

VI.Las políticas y procedimientos con que deberán contar las Instituciones para vigilar el desempeño de los terceros que sean contratados, así como el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, entre las cuales deberá preverse la obligación de dichos terceros de proporcionar a la Comisión, y a los auditores externos y, en su caso, a los actuarios independientes que dictaminen sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas de las Instituciones, a solicitud de éstas, los registros, la información y el apoyo técnico relativos a los servicios prestados a la Institución de que se trate, y

VII.Las operaciones y servicios que las Instituciones no podrán pactar que los terceros les proporcionen en forma exclusiva.

Lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a que se refieren los artículos 118, fracciones XXI a XXIII, 144, fracción XVII, y 190 de este ordenamiento, en relación con el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como lo previsto en esta materia en el artículo 492 de esta Ley y lo establecido por los artículos 294, fracción XIV, y 295, fracción XIV, de este ordenamiento, les será también aplicable a los terceros a que se refiere el presente artículo, así como a los representantes, directivos y empleados de dichos terceros, aún cuando dejen de laborar o prestar sus servicios a tales terceros.

La Comisión, previo derecho de audiencia que se otorgue a la Institución, podrá ordenar la suspensión parcial o total, temporal o definitiva, de la prestación de los servicios a través del tercero de que se trate, cuando se incumplan las disposiciones de carácter general que se mencionan en este artículo o pueda verse afectada la continuidad operativa de la Institución, o bien en protección de los intereses del público. Lo anterior, salvo que la propia Comisión apruebe y la Institución de que se trate dé cumplimiento a un plan de regularización en términos de lo previsto en el artículo 321 de esta Ley.

La Comisión formulará directamente a las Instituciones los requerimientos de información y, en su caso, las observaciones y medidas correctivas que deriven de la supervisión que realice con motivo de las actividades que las Instituciones lleven a cabo a través de prestadores de servicios conforme a lo previsto en el presente artículo, para asegurar la continuidad de los servicios que las Instituciones proporcionan a sus clientes, la integridad de la información y el apego a lo establecido en esta Ley. Asimismo, la Comisión estará facultada, en todo momento, para efectuar actos de supervisión, inspección y vigilancia respecto de los prestadores de servicios que las Instituciones contraten en términos de este artículo, así como practicar inspecciones a los terceros que contraten las Instituciones con respecto de las actividades contratadas, o bien, ordenar a las Instituciones realizar auditorías a dichos terceros, quedando obligada la propia Institución a rendir un informe a la Comisión al respecto.

La Comisión deberá especificar el objeto de las inspecciones o auditorías, las cuales deberán circunscribirse a la materia del servicio contratado y al cumplimiento de lo previsto en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y las disposiciones de carácter general que de ella emanen. Al efecto, las Instituciones deberán pactar en los contratos mediante los cuales se formalice la prestación de estos servicios, la estipulación expresa del tercero contratado de que acepta apegarse a lo establecido en el presente artículo.

Las empresas a las que se refiere el artículo 267 de la presente Ley, así como las entidades integrantes del grupo financiero al que pertenezca la Institución, incluyendo a la sociedad controladora y a las subsidiarias del propio grupo financiero, no estarán sujetas a lo dispuesto en el presente artículo. Sin perjuicio de lo anterior, dichas empresas deberán sujetarse a las disposiciones legales y administrativas que les
sean aplicables.

ARTÍCULO 269.- La contratación de los servicios a que se refiere el artículo 268 de esta Ley no eximirá a las Instituciones, ni a sus directivos, delegados fiduciarios, empleados y demás personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en la Institución de que se trate, de la obligación de observar lo establecido en el presente ordenamiento legal, en las disposiciones reglamentarias y en las disposiciones de carácter general que emanen de esta Ley.

La Comisión podrá solicitar a los prestadores de los servicios a que se refiere el artículo 268 de este ordenamiento, por conducto de las Instituciones, información, incluyendo libros, registros y documentos, respecto de los servicios que les provean, así como realizar visitas de inspección y decretar las medidas que las Instituciones deberán observar para asegurar la continuidad de los servicios que éstas proporcionan a sus clientes, la integridad de la información y el apego a lo establecido en esta Ley.